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Artículos.


En memoria de 
David Noriega

por: María De Lourdes Guzmán
7 de mayo de 2014
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Se ha cumplido un año del momento en que recibimos la triste noticia del fallecimiento del amigo y patriota David Noriega. Para los que compartimos con él sus últimas luchas en el ámbito político, su muerte dejó un gran vacío y una enorme frustración. 

Lo conocí en el ejercicio de la profesión en la que ambos nos desempeñamos y por sus ejecutorias como político. En el Movimiento Unión Soberanista (MUS) me reencontré con él cuando me escogieron como candidata a comisionada residente por esa organización, aún siendo yo una novata en esas lides. 

A pesar de eso, David me apoyó decididamente y me ayudó con sus valiosos consejos. Siempre me impresionó su humildad, su compromiso, su inteligencia y su disposición a ir a donde hubiera que ir, a recoger endosos, a caravanas, a talleres, a reuniones. Debo confesar que en mis funciones como presidenta del MUS, me ha hecho mucha falta.

David fue gestor de muchas luchas, adalid de tantas causas que a lo largo de sus 68 años lo enaltecieron ante el País. Dejó una huella imborrable como legislador, siendo su marca de fábrica la transparencia, la rectitud, la honradez. Desde su prédica y su práctica, dejó claro que es inaceptable el afán de lucro en la función pública. Denunció y combatió con todas sus fuerzas, el saqueo de fondos públicos. Se convirtió en la voz de un pueblo que clamó por el saneamiento de la gestión pública y porque se procesara a aquellos que defraudaron la confianza depositada en ellos. 

Respondió siempre a los dictados de su conciencia y entregó su vida a lo que se definió como su norte, la libertad de nuestro país. 

Como líder estudiantil defendió una universidad libre de ataduras político-partidistas, lucha que al día de hoy continúa. 

David trabajó incansablemente, por aquello que creyó justo, razón por lo que combatió la permanencia de la marina en Vieques y Culebra, la persecución contra los independentistas, la corrupción a todos los niveles en el gobierno. 

Siempre será recordado por su ferviente defensa de los pacientes de sida y del uso de los fondos públicos destinados a su tratamiento. 

Contrario a muchos, David, el político, despuntó por su adhesión a la verdad, a la justicia, a lo recto. Vio el estudio del derecho como instrumento para defender y promover la justicia social, dedicándose en su práctica a la defensa de los menesterosos y de los perseguidos por su condición étnica y sus creencias políticas. Fue un hombre de una sola pieza e irremplazable.

David libró muchas batallas, siendo una de las más importantes, lograr la independencia para Puerto Rico. No pudo ver logrado su sueño, por el ataque implacable de un mortal enemigo, que lo acechaba silenciosamente. Aun a costa de su salud física, ayudó afanosamente, a inscribir el Movimiento Unión Soberanista, organización a la que dedicó sus últimos años de vida. 

A pesar de su enfermedad, se mantuvo solidario, esperanzado, combativo. 

Con profundo dolor, lloramos su partida y al día de hoy lamentamos el enorme vacío que ha dejado en nuestros corazones y en la lucha por nuestra liberación. Mas sabemos que desde otro plano su espíritu nos acompaña y nos guía. 

La mejor manera de honrar su memoria, es continuar la lucha que fue su razón de vivir: ver a Puerto Rico libre.

Hacia un mejor resultado del informe de la GAO 

por: Jesús Danilo Chinea
5 de mayo de 2014
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La GAO (“Government Accountability Office” u Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de EUA), en su página cibernética (www.gao.gov) se describe como “una agencia independiente y no partidista” cuya misión es “apoyar al Congreso en sus responsabilidades constitucionales”. ¿Es la misión de la GAO beneficiar a Puerto Rico? NO, Puerto Rico no forma parte de los constituyentes del Congreso. Por lo tanto, los informes que ha hecho la GAO en los que Puerto Rico es de alguna manera un objeto de estudio no responden a los intereses de Puerto Rico, responden a los intereses de los constituyentes del Congreso. Este detalle tiene grandes consecuencias para la objetividad de la GAO hacia Puerto Rico. Veamos un ejemplo.

En marzo del 2013 la GAO rindió un informe solicitado en 2012 por el comisionado Pierluisi y el delegado de Guam. Ninguno de estos dos solicitantes es miembro pleno del Congreso, sus representados no son constituyentes del Congreso, por lo tanto el Congreso no le responde ni a los puertorriqueños de Puerto Rico ni a los Guameses de Guam. Las críticas a dicho informe incluyeron lindezas como “una chapucería” (sincomillas.com/la-ley-de-cabotaje-no-aumenta-los-precios). ¿Se justifica esa crítica? Para que un informe sea de calidad tiene que tener una metodología que sea muy difícil de refutar. ¿Cómo describieron la metodología los propios directivos de la GAO? Podemos resumirla así, ‘como no pudimos conseguir los datos para nuestro modelo no pudimos evaluar si en ausencia de las Leyes de Cabotaje los precios de transportar productos desde y hacia Puerto Rico serían más baratos’. Juzgue usted si fue una chapucería dicho informe.

Ese informe se rindió en marzo del 2013. ¿Acaso salieron despavoridos los empleados de la GAO a corregir las faltas metodológicas en que incurrieron luego de las críticas abrumadoras que se hicieron desde Puerto Rico? No. Si las críticas hubieran salido de constituyentes de algún estado afectado por estas leyes ¿qué usted considera que hubiera pasado? No duden que los empleados de la GAO hubieran conseguido datos apropiados y un nuevo informe se hubiera generado porque lo hubieran solicitado congresistas a nombre de sus constituyentes. Por lo tanto, cabe destacar que la GAO no es lo objetiva que muchos suponen, al menos no lo es con respecto a quienes no son constituyentes del Congreso. Más aún, si los congresistas quisieran que Puerto Rico se convirtiera en estado ya hubieran puesto en cintura a los directivos de la GAO por su chapucería. ¿No les parece que es muy significativo que no lo hicieron?

Sin embargo, en Puerto Rico casi todos los sectores ideológicos cantaron victoria con el informe de la GAO, partiendo de la suposición de que la GAO es objetiva. Los líderes estadistas concluyeron que la GAO confirmó la bonanza de la estadidad, tanto para Puerto Rico como para EUA. Los líderes populares concluyeron que la GAO confirmó que la estadidad dejó de existir como opción. Incluso algunos soberanistas le adjudicaron objetividad a la GAO y concluyeron de manera similar a los populares. Pero sabemos que la GAO no existe para responderle a los puertorriqueños. Como dijo un analista recientemente, pronto pudiera venir otro informe desde Washington indicando que el ELA o la independencia serían desastrosos para Puerto Rico.

La historia de la inutilidad de los informes que EUA (sea de la GAO, de Casa Blanca, etc.) ha hecho para “mejorar” las condiciones políticas y económicas de Puerto Rico es larga. Sobre el estatus, nuestras frustraciones con los EUA comenzaron a meses de la invasión, frustraciones que expresaron todos los sectores ideológicos de Puerto Rico. La Ley Foraker del 1900 frustró hasta a los anexionistas. Luego el Acta Jones, que nos impuso la ciudadanía de EUA, también enojó hasta a los anexionistas de aquel entonces, quienes también rechazaron esa Acta porque perpetuaba condiciones deshonrosas. Ya la honra no parece ser un valor del liderato estadista de hoy a juzgar por sus expresiones recientes. Múltiples informes de Casa Blanca nos entretienen pero no nos resuelven nada.

Debemos estar claros ya, luego de 521 años de colonialismo, las soluciones a nuestros problemas de pueblo no van a venir de la metrópoli, no han venido de allá y no vendrán de allá. Las soluciones sólo las podemos producir nosotros en esfuerzos consensuados y concertados. Vieques ha sido el mejor y más reciente ejemplo, aunque aún nos queda tarea allí.

Independientemente de lo que digan los lideres penepés o populares cada vez que hable “el americano”, la estadidad no la están considerando los congresistas y el ELA ya culminó derrotado por el electorado en el pasado plebiscito. Si los congresistas hubieran querido la estadidad para Puerto Rico, Puerto Rico habría sido estado hace décadas. Las trabas a la estadidad han sido expresadas por ellos en varias ocasiones; desde tildarnos de “salvajes” hasta borrarle porciones a nuestro primer intento de constitución, obligando a votar a los puertorriqueños en una segunda ocasión para aprobar su caprichoso insulto. Ellos nunca han querido definir las opciones que aceptarían y huyen de hacerlo alegando que nosotros no nos ponemos de acuerdo. Pues pongámonos de acuerdo.

El Congreso, ni el presidente, ni la GAO van a ayudarnos a salir de nuestra crisis. Puerto Rico tiene lo necesario para que los puertorriqueños tengamos la prosperidad que queremos. Tenemos infraestructura adecuada, recursos naturales que desperdiciamos y unas capacidades humanas subutilizadas. Lo que necesitamos es poderes en nuestras manos y coincidir en movernos en una dirección. En la legislatura de Puerto Rico ya hay tres proyectos de ley para una Asamblea de Estatus. Exijamos que la legislatura haga vistas públicas para aprobar una de ellas, u otra que resulte en el proceso adecuado, para alcanzar el estatus que nos dé los poderes necesarios para forjar, por nosotros mismos y en colaboración con todos los países amigos, el país que queremos.


La Justicia

por: Raúl L. Cotto Serrano
3 de mayo de 2014
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¿Son justos los recortes en el gobierno? Y la reducción en el retiro de los maestros, ¿será justa? ¿Por qué? ¿Qué es la justicia? La justicia, así como la libertad y el poder, es una idea que se cruza en nuestro camino con frecuencia. En nuestra vida privada, la mayor parte de las veces en que surge el tema de la justicia de lo
que se habla es de su opuesto: la injusticia. 

En los negocios vemos la injusticia cuando se nos cobra demasiado o cuando se nos ofrece un producto de calidad inferior como si fuese uno de gran calidad. Los estudiantes se quejan a veces de que recibencalificaciones injustas. Lo mismo ocurre con la justicia en la
política. Es rarísimo que nos sentemos a pensar en lo justo que es el gobierno. En la vida política, la mayor parte del tiempo, cuando pensamos en el gobierno es porque se ha cometido una injusticia que querríamos que el gobierno corrigiera o porque el gobierno mismo está siendo injusto. Siendo la justicia y la injusticia
conceptos importantes que manejamos a diario tanto en lo privado como en lo público, ¿cómo debemos entenderlos? 

Por muchos siglos se ha dicho que la justicia consiste en darle a cada cual lo que le corresponde. La injusticia entonces ocurriría cuando alguien no recibe lo que le corresponde. Si un estudiante, en la escuela, recibe una calificación más baja de la que merece, es injusto porque ha recibido menos de lo que le corresponde. Si recibe una nota más alta de la que merece también es injusto pero esta vez porque ha recibido más de lo que le corresponde. Pero, ¿cómo se decide qué es lo que le corresponde a cada uno? A veces se establece a base del mérito. La persona que trabaja más o mejor que otra tiene más mérito, se merece más y por eso decimos que es justo que reciba más. Si la persona que trabaja más recibe menos, decimos que se ha cometido una injusticia porque no se le ha dado lo que le corresponde. A veces lo que a alguien le corresponde no se establece a base del mérito sino a base de la necesidad. 

Pensamos que hay necesidades básicas que todo ser humano, independientemente de sus méritos, debe tener satisfechas. Así, decimos que a todos nos corresponde tener alimento, vivienda y educación, que eso nos corresponde como seres humanos. Cuando decimos eso estamos usando la necesidad para establecer lo que a cada cual le corresponde. Si estamos en una sociedad en la que algunos tienen todas sus necesidades satisfechas y otros no a pesar de que hay recursos para todos, decimos que se está cometiendo una injusticia porque a todos les corresponde que sus necesidades sean satisfechas. También usamos los contratos para establecer lo que a cada cual le corresponde. Si llegamos a un acuerdo de que yo voy a prestarle a usted un dinero y el acuerdo se hizo libremente, me corresponde a mí que usted me pague cuando el tiempo llegue porque su compromiso me daa mí un derecho. Tengo derecho a que usted me pague. Eso es lo que me corresponde, lo que en justicia debo tener. En los negocios hay una injusticia cuando se nos da menos de aquello por lo que pagamos o más de aquello por lo que pagamos. En muchas ocasiones las personas protestan cuando reciben de menos pero es raro que protesten cuando reciben de más. 

Una de las cualidades que más admiramos en una persona es que sea justa. La persona justa es la que desea tener únicamente lo que le corresponde: no permite que le den de menos pero tampoco busca que le den demás. Una característica fundamental de la justicia es la imparcialidad. La imparcialidad es la característica que tiene la persona que no se deja llevar por prejuicios ni por preferencias. La persona imparcial es la persona que “las canta como las ve”. Es la persona que no se inclina a favor de quien no tiene la razón. La imparcialidad es lo que esperamos de un árbitro en los deportes: que no se deje llevar por una preferencia a favor o en contra de un atleta o un equipo. Esperamos también que los jueces, en las cortes, sean imparciales. Se espera que seamos imparciales con nuestros hijos. Si mostramos preferencias hacia un hijo más que hacia otro no estamos siendo imparciales, estamos cometiendo una injusticia y fomentando resentimientos y rencores innecesarios. El gobierno no es imparcial cuando les reconoce privilegios a unos ciudadanos sobre otros. Cuando se prefiere a los ricos sobre los pobres o a los miembros de un partido político o una iglesia por encima de los demás ciudadanos. Se es injusto porque no se es imparcial y al no ser imparcial se le niega a alguien lo que le corresponde. 

A los pobres les corresponde la misma consideración como personas y como ciudadanos que a los ricos. A los miembros de todos los partidos les corresponde un trato igual, respetuoso y considerado así como a los miembros de todas las religiones y a los que prefieren no tener religión alguna. Los recursos del gobierno surgen de las contribuciones de los ciudadanos creyentes y de los ateos por igual y es injusto que se usen los recursos de todos para beneficiar a algunos. Así como esperamos que en la vida privada se le dé a cada cual lo que le corresponde, sin prejuicios ni parcialidades, tenemos derecho a esperar que en la vida pública el gobierno haga lo mismo: que sea justo. 

En la política la justicia consiste también en darle a cada cual lo que le corresponde. Lo primero que nos debemos preguntar es: ¿qué es lo que nos corresponde como seres humanos y como ciudadanos? ¿Qué es lo que el gobierno tiene la obligación de proveernos? Lo primero que nos corresponde, lo que nos toca, lo que nos pertenece, es que se respeten nuestros derechos. Como seres humanos tenemos derecho a todo lo necesario para vivir dignamente. Tenemos derecho a pensar por nuestra cuenta, a compartir nuestras ideas, a reunirnos con los que están de acuerdo con nosotros y a compartir respetuosamente con los que discrepan de nosotros. Para pensar por nuestra cuenta tenemos que educarnos, por eso tenemos derecho a una buena educación. Para expresar nuestras ideas tenemos el derecho para reunirnos y si lo deseamos, tenemos el derecho de publicar lo que pensamos para que otros compartan o critiquen nuestras ideas. Tenemos derecho a todo lo que es necesario para pensar, decidir y actuar libremente. Eso es lo que nos corresponde como personas y lo que nos debe corresponder como ciudadanos. 

En el caso de Puerto Rico hay dos causas frecuentes de injusticia: la relación con los Estados Unidos y la relación entre los ricos y el resto de la población. Muchas veces en la práctica los ricos pueden hacer valer sus derechos mejor que los pobres. Su dinero les da acceso a la prensa, la radio y la televisión de modo que sus puntos de vista sobre cualquier problema se presentan mejor y con más frecuencia que los puntos de vista de los pobres. Su dinero les permite contribuir económicamente a los partidos que tienen más posibilidades de ganar en unas elecciones. Su dinero les da acceso a los legisladores de modo que la legislación se acomoda con frecuencia a sus intereses. A pesar de que son los que más recursos tienen reciben subsidios del gobierno con la promesa de crear empleos, promesa que casi nunca cumplen. Todas estas son situaciones en que el privilegio de tener dinero concede otros privilegios que ponen a los demás en desventaja. Los que están en desventaja no reciben lo que les corresponde: acceso a los medios de comunicación para expresar sus puntos de vista, que su voto valga en la realidad lo mismo que el voto de los ricos y que los legisladores atiendan sus necesidades como atienden las de los ricos. 

En cuanto a la relación con Estados Unidos, la primera y mayor injusticia es que las leyes federales apliquen en Puerto Rico como una imposición. Ellos cambian su economía y la de nosotros cambia sin que tengamos nada que decir. Ellos establecen tratados comerciales que nos afectan y nosotros no tenemos nada que decir. Ellos establecen control marítimo y aéreo, control de las comunicaciones y del comercio y nosotros no tenemos nada que decir. Lo que en justicia le corresponde al pueblo puertorriqueño es participar en todas las decisiones que afectan su vida como pueblo. Es injusto que Estados Unidos pueda tomar decisiones que nos afectan y que nosotros no podamos participar de esas decisiones como es injusto que los legisladores puertorriqueños sean electos para tomar decisiones que nos beneficien a todos y luego actúen en beneficio de los ricos. 

La justicia es, además, un concepto de importancia central por la manera en que se relaciona con la libertad y con el poder. La justicia establece los límites de lo que debe ser el buen uso de la libertad y el buen uso del poder. Cuando nos excedemos en el uso de nuestra libertad cometemos una injusticia porque entramos en conflicto con lo que le corresponde a otra persona. Si subimos el volumen del radio tan alto que interfiere con el silencio que le corresponde como derecho a nuestro vecino, cometemos una injusticia. El uso injusto de la libertad se llama “libertinaje”. Así mismo, la justicia establece los límites de lo que es el uso correcto del poder. Cuando usamos nuestro poder de una manera abusiva, como cuando conducimos el automóvil de una manera abusiva y desconsiderada, caemos en una injusticia. El uso injusto del poder se llama “abuso” y el que lo hace es un “abusador”. 

Lo que la GAO se ha tragao: reflexiones en torno a un informe fraudulento

por: Alberto O. Lozada Colón
1 de mayo de 2014
Los estadistas están de luto. Sus fantasiosas predicciones de una danza de miles de millones de dólares bajo la estadidad se esfumaron con el reciente informe de la Oficina General de Contabilidad estadounidense (GAO). Según dicho informe, Puerto Rico recibiría sólo $5,200.00 millones de los $20,000.00 que cacareaba el PNP en la campaña electoral de 2012. Además, el informe señala que lospuertorriqueños tendrían que pagar $5,700.00 millones de contribuciones federales y que los ya devaluados bonos boricuas perderían la exención contributiva federal, lo cual a su vez ahondaría la grave crisis fiscal y financiera que sufrimos. Pero aunque el informe tiene grandes verdades, también esconde, y por ello es fraudulento, información clave sobre los efectos económicos de la estadidad y la pérdida de los poderes del ELA actual y sobre lo que obtendríamos con la soberanía. Bajo la antigua Ley Foraker, y ahora bajo el Artículo 58 de la Ley de Relaciones Federales, el gobierno de Puerto Rico puede controlar la entrada de café extranjero imponiéndole un arancel. Ahora el precio mundial del café ronda alrededor de $1.00 por libra.




La estadidad conllevaría inexorablemente lapérdida de este poder y la destrucción inmediata de la industria cafetalera, ya que nuestro costo de producción es muy superior a $1.00 la libra. Se perderían 20,000 empleos en los 21 municipios productores de café. Otro efecto inmediato de la estadidad sería la eliminación total del deporte de los gallos de pelea en Puerto Rico. El 7 defebrero de 2014 el presidente Obama firmó el Farm Bill of 214 que, entre otras cosas, impone serias multas federales a los que asisten a las peleas de gallo. Esta ley no aplica a Puerto Rico, pero entraría en vigor inmediatamente en la estadidad. En Puerto Rico existen 128 galleras y este renglón produce millones de dólares anuestra economía. La estadidad significaría la renuncia total al poder soberano de controlar la importación de alimentos y la eventual desaparición de nuestra agricultura.

Actualmente producimos sólo el 15% de nuestros alimentos y el producto bruto agrícola ronda en alrededor de $850 millones de dólares anuales. Si produjéramos el100% de nuestros alimentos, el producto bruto agrícola ascendería a cerca de $5,666 millones de dólares. Es decir, con la soberanía tan sólo en el renglón agrícola produciríamos $466 millones más que los beneficios adicionales de la estadidad. Está claro: la estadidad sería la ruina total de nuestra agricultura. Pero hay más información que la GAO se ha tragao. Aunque los puertorriqueños no pagamos contribuciones federales por los ingresos que tenemos en Puerto Rico, sí tenemos que pagar esas contribuciones sobre ingresos que tenemos en el extranjero. Por eso fue que Ricky Martin y Gilbertito Santa Rosa adquirieron la ciudadanía española y dominicana, respectivamente. Sobre esto hay que recordar el célebre caso de Félix Benítez Rexach quien construyó el hotel Normandie y tuvo que pagar millones al IRS en el extranjero. ¿A cuánto ascienden las contribuciones federales que pagan los puertorriqueños al extranjero? La GAO lo ocultó.

Pero hay todavía muchos más millones de dólares que se perderían en la estadidad. Las leyes de cabotaje nos cuestan $500 millones al año. Bajo la soberanía podemos exigir miles de millones por el pago del uso de nuestro territorio por las bases militares estadounidenses. Al eliminar el Comité Olímpico de Puerto Rico, perderíamos millones que mueve el deporte en nuestra economía.¿Cuánto perderíamos por la falta de la capacidad de hacer tratados y acuerdos comerciales con otros países? ¿Cuánto costaría implementar un sistema de traducciones en las agencias de gobierno y en los tribunales? ¿Cuántos maestros más que puedan enseñar todas las clases en inglés había que contratar? Pero hay más.

El Código de Rentas Internas Federal provee para el pago de contribuciones sobre caudales relictos de los fallecidos nacidos en Estados Unidos. Esto se conoce como el “death tax”. Al imponerse esta contribución mermaría elingreso por este concepto de nuestro Departamento de Hacienda. La estadidad es una maldición que nos perseguiría hasta la muerte. Si en vez de pedir más nos proponemos crear riqueza con nuestro propio esfuerzo descubriremos lo que es la ley de vida: que el que trabaja vive mejor que el mendigo. Exijamos a la GAO que haga un informe completo, imparcial que cuantifique todas las pérdidas que tendríamos realmente en la estadidad. La lección a aprender con este informe es que hay que ser crítico con los pronunciamientos de las agencias del imperio. Ya antes hemos visto el bochornoso espectáculo de un grupo independentista que celebró un informe de Casa Blanca que decía que Estados Unidos puede vender a Puerto Rico a cualquier país. Juicio crítico y no genuflexión servil debe ser la consigna de un ser libre. Cada informe imperial debe ser refutado por un informe soberanista.

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